La impunidad en México: el estado de la cuestión

IGI-MEX 2016

Publicado originalmente en el suplemento cultural Barroco número 601, del Diario de Querétaro del 20 de marzo del 2016.

Había una vez una ciudad que soñaba con el progreso. La ventaja que le aportaba su ubicación geográfica la colocaba en una oportunidad de desarrollo sin precedentes. Con la bonanza económica llegó el empleo y la demanda de bienes y servicios. Pero también llegaron los centros de entretenimiento nocturno, antros, bares, casinos: el esparcimiento para adultos bipolar que se debatía entre el trasiego de drogas blandas y el tráfico de drogas duras.

Al principio, los empleados de aquella ciudad rampante supieron hilvanar su vida laboral con su derecho legítimo al esparcimiento. No obstante, en poco tiempo, aquello devino en un círculo vicioso colectivo. En consecuencia, los empleados hombres fueron despedidos y suplantados por personal con mayor necesidad que, en general y por antonomasia, ofrecen la garantía de no faltar al trabajo, que presentan una mayor predilección por las responsabilidades y compromisos a mediano y largo plazo, y que se les podía ofrecer sueldos mucho menores que los que se pagaban a los anteriores empleados: se contrató a mujeres.

En los primeros días las mujeres caminaron a sus nuevos trabajos sin problemas. En un lapso de tres meses comenzaron las primeras vicisitudes: piropos vulgares, insultos e improperios. Inquietas, las mujeres se quejaron pero nadie hizo nada. Enseguida vinieron los amagos, vejaciones, acosos y asaltos sin violencia. Preocupadas, las mujeres se inconformaron pero nadie hizo nada. Después vinieron los asaltos con violencia, golpizas, violaciones y raptos. Alarmadas, las mujeres denunciaron ante el Ministerio Público (MP), pero ni éste ni nadie hicieron nada. No tardó mucho tiempo en el que la violación y asesinato de mujeres se convirtió en una inquina cotidianidad bajo el amparo de una variable que es causa y efecto de la descomposición de cualquier ciudad: la impunidad.

La inseguridad, la violencia en sus múltiples vertientes, la corrupción, el inane desarrollo económico, las violaciones a los derechos humanos y la desigualdad social son manifestaciones de la anomia generada por la impunidad.

En su reciente visita a Querétaro, el Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista (Ciudad de México, 1947), rector de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), presentó el Índice Global de Impunidad Capítulo México IGI-MEX 2016 (UDLAP, 2016), estudio generado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la UDLAP, bajo la coordinación del Dr. Juan Antonio Le Clercq y del Mtro. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, y con la colaboración del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla.

El IGI-MEX 2016 presenta a la impunidad como un fenómeno multidimensional, es decir, que surge de varias dimensiones del quehacer de un Estado, como es la responsabilidad de la seguridad ciudadana, la procuración y la administración de justicia, el buen funcionamiento del sistema penitenciario, así como la protección de los derechos humanos.

Asimismo, la impunidad debe de ser entendida como un fenómeno multicausal porque se origina durante el proceso que inicia con la comisión de un delito, hasta que éste es castigado y sus víctimas reciben la reparación por el daño causado. Por su carácter multicausal, no debe de omitirse que la impunidad mantiene una correlación estadística con los niveles de corrupción y con la desigualdad económica.

Si en un Estado hay impunidad, quiere decir que allí existe de manera latente o manifiesta un mal funcionamiento de las dimensiones de seguridad, justicia y derechos humanos. Esto implica en responsabilidad compartida a todos los poderes del gobierno (ejecutivo, legislativo y judicial) y en los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal). Es decir, el hecho de que un municipio o estado presente doscientas nuevas patrullas y mil nuevos elementos policíacos no garantiza un combate efectivo frente la impunidad si no se fortalece a la investigación policíaca y a los ministerios públicos.

El IGI-MEX 2016 es tácito: la impunidad es un asunto que ya rebasó a todas las instancias de gobierno que claramente no pueden atender este problema de manera aislada. Es necesario la atención y participación urgente de otros actores no gubernamentales como la sociedad civil, el sector privado, nuestra academia (¿dónde está nuestra Alma Mater?), los medios de comunicación y las organizaciones internacionales.

Nuestro país ocupa el lugar 58 de 59 países con mayores niveles de impunidad. La impunidad es uno de los diez principales problemas que aqueja a la sociedad mexicana, por eso no extraña que las raíces de la impunidad sean los problemas estructurales y funcionales de todos los estados de nuestro país. Asimismo, en nuestro país solamente se denuncian 7 por cada 100 delitos cometidos, por lo que la llamada cifra negra nacional alcanza un porcentaje cercano al 92.8% desde el 2013.

¿Por qué razones no denunciamos los mexicanos? Porque representa una pérdida de tiempo (levantar una denuncia toma a cualquier ciudadano alrededor de 5 horas) y por la desconfianza en las autoridades. Pero la razón de fondo es que el sistema que debe de castigar los delitos es el que presenta los problemas estructurales más profundos: nuestras instancias de seguridad, justicia y derechos humanos tienen defectos graves.

Del total de los delitos consumados, solamente existen 4.46% de sentencias condenatorias, lo cual nos arroja una impunidad cercana al 95% de los delitos por la autoridad como consumados. Lo anterior, puesto en perspectiva con la cifra negra, nos arroja un resultado alarmante: menos del 1% de los delitos que se cometen en nuestro país son castigados.

En el ámbito local, 3.5 magistrados y jueces deben de atender a 100 mil ciudadanos. A nivel internacional la media es de 16 magistrados y jueces, lo cual delata la deplorable situación que viven los poderes judiciales estatales. En los CERESOS, por cada 20 policías se atienden a 100 reclusos, un enorme contraste comparado con la media internacional que es 47 por cada 100. La media internacional de sobrepoblación en centros penitenciarios es de un 17%, pero en nuestro país esa cifra se duplica.

Los resultados que presenta el IGI-MEX 2016 delata la existencia de cuatro grupos por niveles de impunidad: baja, media, alta, muy alta, y atípica. Querétaro se encuentra en el grado de impunidad muy alta con un porcentaje de 72.24, apenas debajo de Veracruz (72.38) y algo lejos de Chihuahua (59.94), lugar donde se asienta Ciudad Juárez, la ciudad protagonista de nuestra narración inicial.

La subdimensión funcional-sistema de justicia no aporta cifras para evaluar la impunidad de nuestro Estado, lo que se traduce en ineficiencia u ocultamiento por parte de los tribunales de justicia, lo que afecta notablemente los resultados del estado en el índice.

Los cinco delitos del fuero común que más se cometen en nuestra entidad son lesiones, robo de vehículo, robo a casa habitación, robos de otra índole y daño a la propiedad. El 90.1% de los delitos no son registrados oficialmente, lo que equivale a una cifra negra inferior en 2 puntos porcentuales respecto a la media nacional. Si bien el MP responde al 88% de las denuncias solamente se ejerce acción penal en 16%, en el resto no se comprueba el delito o no se cuenta con elementos suficientes para responsabilizar al inculpado.

El IGI-MEX 2016, presentado en el marco del 75 aniversario de la UDLAP, puede ser consultado y descargado en www.udlap.mx/cesij

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Autor: doctorsimulacro

Periodista, docente e Investigador en Ciencias Sociales y Humanidades

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